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POR LA AUTOFINANCIACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA

Primavera 2010

Miércoles 24 de marzo de 2010, por Cristianxsdebasedemadrid

La Constitución establece que España es un estado aconfesional (“ninguna religión tendrá carácter estatal”, Art.16.3) y por tanto laico, en el que los ciudadanos tenemos libertad de conciencia y de religión. Por tanto, legalmente todas las confesiones religiosas y doctrinas filosóficas caben en ella. Sin embargo los derechos y oportunidades reales de unos y otros no se parecen en nada. La Iglesia Católica, por razones históricas y de número de fieles goza de gran influencia social y política, así como de enormes privilegios económicos y culturales. En virtud de los Acuerdos firmados por el Estado con la Santa Sede en 1979, apenas unos días después de ser aprobada la Constitución, la Iglesia Católica se beneficia de multitud de exenciones fiscales, así como de subvenciones directas y conciertos económicos con las Administraciones. Entre lo que recibe por subvenciones directas y los impuestos que deja de pagar, la Iglesia se beneficia al año de alrededor de 6800 millones de euros. Esta cifra, que se detrae de las arcas públicas, sería suficiente para atender a más de seiscientos mil parados. La mayor parte de esos 6800 millones se destinan a la enseñanza (4.400 M€,), tanto para mantener centros religiosos, de ideario católico, como para el pago de los profesores de religión en centros públicos del Estado. En contraste con ello, los católicos sólo aportan al sostenimiento de la Iglesia, a través del IRPF, una pequeña cantidad, que en 2009 se cifró en 252 millones de euros. Pero este dinero ni siquiera es aportación de los católicos añadida a sus impuestos obligatorios, sino una cantidad que se resta de los impuestos generales que a todos corresponde pagar al erario público. De modo que, en realidad, en España los católicos no aportamos nada propio a la Iglesia Católica a través de la declaración de la renta. Esta situación causa escándalo a cualquier observador no español y provoca indignación en muchos ciudadanos pertenecientes a otras confesiones religiosas o simplemente ‘no creyentes’, por el tratamiento discriminatorio que implica y por la negación de Estado laico que la Constitución establece. * * * * * * Como creyentes en Jesús de Nazaret, todos los cristianos deberíamos sentirnos avergonzados de que nuestra Iglesia tenga que recurrir a la protección del Estado para financiarse, hipotecando su libertad y autonomía. Ese no era el modelo de las primeras comunidades cristianas, donde “todos los bienes los ponían en común” y… “no había pobres entre ellos “ (Hech. ). Es decir, las primeras comunidades no se apoyaban más que en su propia generosidad y en el trabajo personal para cubrir las necesidades de todos. Así que resulta ineludible preguntarse: ¿No sería mucho más ejemplar, y conveniente para la libertad de la Iglesia, que los clérigos vivieran de su propio trabajo y que los propios fieles sostuvieran las necesidades de la Iglesia Católica? » Al apostar decididamente por esa opción, los Cristianos de base de Madrid sentimos la necesidad de exponer públicamente que: 1.- Nos sentimos avergonzados de que la Iglesia Católica, propietaria de un enorme patrimonio en bienes mobiliarios, inmobiliarios, suntuarios, culturales, y de rendimientos de capital, continúe desarrollando campañas recaudatorias entre los ciudadanos a través de la Declaración de la Renta, y mantenga prácticas antievangélicas como la de registrar como propios bienes de dudosa pertenencia, que durante siglos han sido conservados y financiados por Ayuntamientos y vecinos en muchas localidades. Por lo mismo, repudiamos la actitud de constante presión sobre el Estado en demanda de nuevos favores económicos. 2.- Denunciamos ante la opinión pública que la Iglesia Católica es la única confesión religiosa de las que existen en el territorio español que no se autofinancia. Y ello, a pesar de que en los Acuerdos suscritos con el Estado se comprometía a la autofinanciación ya en 1979. Pues bien, en 2010, a pesar de la profunda crisis económica que sufrimos, la Iglesia católica española va a seguir recibiendo puntualmente del Estado su financiación, (sin ningún tipo de recorte). 3.- Este trato de favor en materia económica es un caso único. En ningún país del mundo occidental el Estado financia a la Iglesia Católica, o a otras iglesias, de modo tan generoso como lo hace el Estado español. Muchos estados no lo hacen en absoluto. 4.- Llamamos la atención sobre el hecho de que marcar con una X la casilla de asignación a la Iglesia C. en la Declaración de la Renta es un fraude a la redistribución de la riqueza, es decir, la solidaridad pública organizada a través del Estado. Todos los impuestos que se desvíen a fines particulares, tanto hacia la I.C. como hacia ONG, se detraen del erario público, disminuyendo en esa medida los fondos disponibles para atender necesidades del conjunto de la sociedad, especialmente de los sectores más necesitados y marginados. Optar por desviar dinero de todos hacia manos privadas en detrimento del bien común es una injusticia tal que, en términos cristianos, sólo puede ser calificada como ‘grave pecado social’. Por todo lo cual, convencidos como estamos de que la autofinanciación y la austeridad compartida son valores más acordes con el evangelio, hacemos un llamamiento a todos los cristianos para cuestionar el actual sistema de financiación de la Iglesia y dar pasos efectivos para cambiarlo. En concreto, animamos a todos a hacer las aportaciones directas que consideren en conciencia y no marcar con la cruz (X) la casilla correspondiente a la Iglesia Católica ni tampoco la de “Otros fines sociales” en la próxima Declaración de la Renta.

Madrid, Marzo de 2010

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