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MÁS INJERENCIAS DEL SR. ROUCO EN LA LEGISLACIÓN CIVIL

Martes 4 de junio de 2013, por Cristianxsdebasedemadrid

MÁS INJERENCIAS DEL SR. ROUCO EN LA LEGISLACIÓN CIVIL

Cristianas y cristianos de base de Madrid Junio de 2013

1.- Un hecho llamativo: la intervención del Sr. Rouco.

Hace unas semanas cuando el Sr. Rajoy volvió de Roma de entrevistarse con el Papa, el Cardenal de Madrid le llamó la atención al Presidente del Gobierno para instarle a que cumpliera una parte de su programa electoral, como era la reforma de la ley del aborto y la supresión de los matrimonios entre homosexuales. Más recientemente, con motivo de la aprobación por parte del gobierno del proyecto de Ley de Educación, la LOMCE, ha insistido en su presión al Gobierno, declarando que la religión católica debe ser una asignatura obligatoria y evaluable ya que sin ella no se pueden entender ni nuestra cultura ni nuestra historia. Todo ello constituye una constante injerencia, difícilmente justificable en un Estado aconfesional.

2.- Significado de este hecho

No debería inmiscuirse el Sr. Rouco, presidente de la Conferencia Episcopal española, diciéndole al presidente del ejecutivo lo que debe legislar para toda la ciudadanía. Hoy por hoy, la Jerarquía católica (esa institución religiosa) no se resigna a mantenerse en el ámbito que le corresponde, el ámbito de las creencias religiosas. Y se empeña en intervenir, es decir, en introducirse en los ámbitos de lo político, lo jurídico y lo económico, tratando de imponer a todos los principios morales derivados de su fe católica y defendiendo sus propios intereses como institución en la medida en que le conviene para la defensa de sus intereses, mucho más allá del ámbito propio de las creencias. Subyace aquí un intento de restituir el viejo sistema de cristiandad de siglos anteriores.

Conviene recordar, al respecto que el orden religioso no es superior al orden civil, y que ambos deben respetarse sin traspasar sus propias fronteras, sabiendo que el orden civil afecta a toda la ciudadanía, mientras que el orden religioso solo incumbe a los ciudadanos que tienen creencias religiosas. Hay una clara distinción entre el ciudadano y el creyente, entre la Iglesia y el Estado. La Conferencia episcopal podrá orientar a sus fieles según una determinada moral, pero nunca imponer normas para toda la ciudadanía.

Ya en el siglo V d.c. el papa Gelasio I (494-496) formulaba, basándose en las leyes romanas, la separación de poderes entre la esfera temporal y espiritual. Esta fue la primera vez que se planteaba esta cuestión, que definiría una gran parte de la cultura occidental. Así se estableció la distinción entre el poder de la Iglesia, auctoritas, y el del emperador, potestas. En el derecho romano la primera era superior a la segunda.

Hoy, el régimen autoritario, que se vivió en los cuarenta años de la España franquista, late en ese nacional-catolicismo que todavía pervive en nuestra sociedad. La Jerarquía de la Iglesia Católica sigue en el intento, siempre renovado, de marcar las pautas de lo que estima como lo moralmente bueno para el conjunto de la ciudadanía, a pesar de ser un objetivo incompatible con un sistema democrático. Muy preocupada por su moral sexual, por lo que se refiere a la reforma de la ley del aborto y de los matrimonios entre homosexuales, sigue sin denunciar las injusticias de todo orden que el actual sistema económico y político comete contra la mayoría de la población, y ni siquiera tiene el gesto de desprenderse de algunas de su enormes riquezas para remediar, en algo, estos sufrimientos. Podría por ejemplo, mostrarse más generosa con sus aportaciones a Caritas (sólo el 5% de su presupuesto proviene de la Iglesia Cat.) para que ésta organización pueda dar de comer a más gente. Así, no es de extrañar que su credibilidad esté bajo mínimos.

3.- Nuestra postura de CCBM: plena laicidad

Como Cristianos y Cristianas de Base de Madrid denunciamos con firmeza, con toda la fuerza de que somos capaces, tanta hipocresía y exigimos a la Conferencia Episcopal que predique con el ejemplo y deje de intentar ser, por encima de todo, la inspiradora de las políticas del Gobierno y la vigilante de la “moral y buenas costumbres” de la ciudadanía. El tiempo de la alianza entre el Trono y el Altar ha pasado ya. Ahora la ciudadanía es adulta y no va a consentir que nadie le diga lo que tiene que hacer.

Denunciamos ese intento de revivir, aunque sea de forma edulcorada, el antiguo régimen de cristiandad y exigimos la denuncia de los Acuerdos firmados entre la Santa Sede y el Estado español de 1979, como ya hace unos meses le planteamos por escrito al Sr Rajoy, remitiéndole copia de dicha carta al Sr. Nuncio y al mismo Presidente de la Conferencia episcopal, Sr Rouco Varela. No hemos recibido contestación alguna por parte de ninguno de los tres.

Hoy día se siguen planteando estos problemas porque la jerarquía eclesiástica no ha admitido todavía que en la sociedad española y en nuestro Estado rige el principio de laicidad, de separación real y efectiva de la Iglesia y el Estado, como puede leerse en el art. 16.3 de nuestra Constitución. Esto obliga a tener una mayor sensibilidad por el derecho a la libertad de conciencia y al pluralismo ideológico y moral de una sociedad como la nuestra, que ya no se sustenta en las añoranzas de ese antiguo régimen de cristiandad. Y mientras no se admita y fomente ese principio de laicidad, es decir, de estricta separación de poderes políticos y religiosos, a la hora de regular la vida pública en una sociedad plural, las interferencias y el conflicto de intereses seguirán dividiendo a los ciudadanos y crecerá el despego, cuando no el rechazo, a la Iglesia Católica.

Resulta obvio constatar que la Jerarquía eclesiástica todavía no ha encontrado su sitio en esta Democracia. Claro que esa posición doctrinal no es exclusiva de Mons. Rouco. La mejor expresión de este problema, en términos modernos, tal como hoy lo ve y lo defiende la Iglesia, fue bien formulada en su día por el papa Benedicto XVI, pocos días después de ser elegido Sumo Pontífice, cuando visitó en el palacio del Quirinal al presidente de la República Italiana. El papa fue muy claro y definió perfectamente la posición de la Iglesia así:

“Es legítima una sana laicidad del Estado en virtud de la cual las realidades temporales se rigen según las normas que les son propias, pero sin excluir aquellas referencias éticas que encuentran su último fundamento en la religión. La autonomía de la esfera temporal no excluye una íntima armonía con las exigencias superiores y complejas derivadas de una visión integral del hombre y de su eterno destino”.

Una visión teñida de fundamentalismo ideológico, según la cual, incluso en pleno siglo XXI, se sigue defendiendo que (en definitiva, esa es la posición de Benedicto XVI) que el poder civil ha de supeditarse a la esfera superior del poder religioso. Algo absolutamente inaceptable para un Estado democrático.

Ante este tipo de injerencias, resulta urgente seguir insistiendo en la denuncia de los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español de 1979, por lo que tienen de privilegio para una confesión religiosa y de no respeto a la libertad de conciencia en una sociedad plural que aspira a ser democrática y, por tanto laica.

Madrid, 1 de Junio de 2013

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